La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) es una de las normas más importantes que debes conocer. Regula cómo actúan las Administraciones cuando se relacionan con los ciudadanos: qué requisitos deben cumplir sus decisiones, cómo se tramitan los procedimientos y qué derechos tenemos las personas. Entró en vigor el 2 de octubre de 2016 y se aprobó junto a la Ley 40/2015, que se ocupa de la organización interna del sector público.
Un acto administrativo es una decisión que toma un órgano de la Administración y que produce efectos jurídicos: por ejemplo, conceder una licencia, imponer una multa o resolver una solicitud. Para que sea válido, debe dictarlo el órgano competente, seguir el procedimiento establecido y tener un contenido adecuado a sus fines.
Algunos actos deben estar motivados, es decir, explicar de forma breve los hechos y las razones jurídicas en que se basan. Es obligatorio motivar, entre otros, los actos que limitan derechos, los que resuelven recursos y los que se dictan en ejercicio de potestades discrecionales. Por regla general, los actos se producen por escrito a través de medios electrónicos.
Los actos de la Administración se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que se disponga otra cosa. A veces su eficacia se retrasa porque depende de una notificación, publicación o aprobación superior. La notificación es el aviso oficial que se hace al interesado: debe cursarse en un plazo de diez días desde que se dicta el acto y contener el texto íntegro de la resolución y los recursos que se pueden interponer.
Un acto puede tener defectos. Los más graves provocan la nulidad de pleno derecho: ocurre, por ejemplo, cuando lesiona derechos fundamentales, lo dicta un órgano manifiestamente incompetente, tiene un contenido imposible o se dicta prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. Los defectos menos graves dan lugar a la anulabilidad, que afecta a cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Un simple defecto de forma solo anula el acto si impide alcanzar su fin o causa indefensión al interesado.
Los plazos del procedimiento obligan tanto a la Administración como a los interesados. Conviene recordar estas reglas sencillas:
Es interesado quien promueve un procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos, o quien puede verse afectado por la resolución. Los interesados pueden actuar mediante un representante. Entre sus derechos figuran conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, identificar a las autoridades y al personal responsable, no presentar documentos que ya estén en poder de la Administración y formular alegaciones en su defensa. Además, toda persona tiene derecho a ser tratada con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos.
1. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, ¿quiénes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?
El art. 3.a) de la Ley 39/2015 reconoce capacidad de obrar a las personas físicas o jurídicas que la ostenten con arreglo a las normas civiles.
2. Según el artículo 4.1 de la Ley 39/2015, ¿quiénes se consideran interesados en el procedimiento administrativo?
El art. 4.1 de la Ley 39/2015 considera interesados a quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, a quienes tengan derechos que puedan resultar afectados y a quienes tengan intereses legítimos afectados y se personen.
3. Según el artículo 5.1 de la Ley 39/2015, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas:
El art. 5.1 de la Ley 39/2015 dispone que las actuaciones se entenderán con el representante, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
4. Según el artículo 29 de la Ley 39/2015, los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan:
El art. 29 de la Ley 39/2015 establece que los términos y plazos obligan a las autoridades y personal al servicio de las AAPP competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados.
5. Según el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, salvo que la ley o el Derecho de la UE expresen otro cómputo, cuando los plazos se señalan por días se entiende que son:
El art. 30.2 de la Ley 39/2015 establece que los plazos por días se entienden hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
6. Según el art. 34 de la Ley 39/2015, los actos administrativos se producirán por:
El art. 34 de la Ley 39/2015 dispone que los actos administrativos se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
7. Según el art. 36.1 de la Ley 39/2015, los actos administrativos se producirán, con carácter general:
El art. 36.1 de la Ley 39/2015 dispone que los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
8. Conforme al art. 38 de la Ley 39/2015, los actos de las AAPP sujetos al Derecho Administrativo:
El art. 38 de la Ley 39/2015 establece que los actos de las AAPP sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en dicha Ley.
9. Según el art. 43.2 de la Ley 39/2015, las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante:
El art. 43.2 de la Ley 39/2015 establece que las notificaciones electrónicas se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única o de ambos sistemas.
10. Según el art. 13 de la Ley 39/2015, quienes tienen capacidad de obrar ante las AAPP tienen derecho a comunicarse con ellas a través de:
El art. 13.a) de la Ley 39/2015 reconoce el derecho a comunicarse con las AAPP a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
11. Según el art. 39.1 de la Ley 39/2015, los actos de las AAPP sujetos al Derecho Administrativo:
El art. 39.1 de la Ley 39/2015 establece la presunción de validez de los actos de las AAPP sujetos al Derecho Administrativo.
12. Según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, ¿qué actos son nulos de pleno derecho en relación con los derechos fundamentales?
El art. 47.1.a) de la Ley 39/2015 declara nulos de pleno derecho los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional (arts. 14 a 29 y 30.2 CE).
13. De acuerdo con el artículo 47.1.c) de la Ley 39/2015, son nulos de pleno derecho los actos que tengan:
El art. 47.1.c) de la Ley 39/2015 declara nulos de pleno derecho los actos que tengan un contenido imposible.
14. Según el artículo 48.1 de la Ley 39/2015, son anulables los actos de la Administración que incurran en:
El art. 48.1 de la Ley 39/2015 establece que son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
15. En la Ley 39/2015, la categoría de invalidez más grave de los actos administrativos, con efectos ex tunc, se denomina:
El art. 47 de la Ley 39/2015 regula la nulidad de pleno derecho, la categoría más grave de invalidez, frente a la anulabilidad del art. 48.
16. En la Ley 39/2015, la invalidez de los actos administrativos que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, se denomina:
El art. 48.1 de la Ley 39/2015 define la anulabilidad: son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
17. La Ley 40/2015 se aprobó junto con otra Ley reguladora del procedimiento administrativo común. ¿Cuál es?
La Ley 40/2015 (organización y régimen interno del sector público) se aprobó junto con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Ambas derogan a la Ley 30/1992 y a la Ley 6/1997 (LOFAGE).
18. De acuerdo con el artículo 3.b) de la Ley 39/2015, los menores de edad tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas para:
El art. 3.b) de la Ley 39/2015 reconoce capacidad de obrar a los menores para el ejercicio y defensa de derechos cuya actuación esté permitida sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
19. Conforme al artículo 4.1.c) de la Ley 39/2015, quienes tengan intereses legítimos que puedan resultar afectados por la resolución podrán personarse en el procedimiento:
El art. 4.1.c) de la Ley 39/2015 permite personarse a quienes tengan intereses legítimos afectados por la resolución en tanto no haya recaído resolución definitiva.
20. Fallece el titular de una licencia en tramitación y su heredero quiere continuar el procedimiento. Conforme al artículo 4.3 de la Ley 39/2015, al derivar la condición de interesado de una relación jurídica transmisible, el derecho-habiente:
El art. 4.3 de la Ley 39/2015 establece que cuando la condición de interesado derive de una relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
21. Una empresa desea designar como representante en un procedimiento a una persona jurídica. Conforme al artículo 5.2 de la Ley 39/2015, ¿quién puede ser representante de un interesado?
El art. 5.2 de la Ley 39/2015 permite ser representante a cualquier persona con capacidad de obrar; las personas jurídicas pueden serlo siempre que esté previsto en sus Estatutos.
22. Según el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, ¿para cuál de los siguientes actos NO es necesario acreditar la representación, presumiéndose ésta?
El art. 5.3 de la Ley 39/2015 exige acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; para los actos de mero trámite se presume la representación.
23. De acuerdo con el artículo 5.4 de la Ley 39/2015, la representación se entiende acreditada mediante:
El art. 5.4 de la Ley 39/2015 entiende acreditada la representación mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o electrónica, o por inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.
24. Un ciudadano interpone un recurso en nombre de otra persona pero no acredita la representación. Conforme al artículo 5.6 de la Ley 39/2015, ¿qué plazo debe concederle el órgano para subsanar?
El art. 5.6 de la Ley 39/2015 establece un plazo de diez días para aportar o subsanar la acreditación de la representación, o uno superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
25. Conforme al artículo 6.1 de la Ley 39/2015, ¿qué Administraciones deben disponer de un registro electrónico general de apoderamientos?
El art. 6.1 de la Ley 39/2015 establece que la AGE, las CCAA y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos.
26. Un interesado inscribe un apoderamiento general en el registro electrónico de apoderamientos. Según el artículo 6.6 de la Ley 39/2015, ¿cuál es la validez máxima de ese poder inscrito?
El art. 6.6 de la Ley 39/2015 fija una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción, siendo el poder revocable en cualquier momento.
27. De acuerdo con el artículo 6.6 de la Ley 39/2015, el poder inscrito en el registro electrónico de apoderamientos:
El art. 6.6 de la Ley 39/2015 dispone que el poder es revocable en cualquier momento por el poderdante.
28. Cuatro vecinos presentan conjuntamente una solicitud sin designar representante ni interesado preferente. Conforme al artículo 7 de la Ley 39/2015, ¿con quién se efectuarán las actuaciones?
El art. 7 de la Ley 39/2015 dispone que las actuaciones se efectuarán con el representante o interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.
29. Conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes sujetos está obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas?
El art. 14.2 de la Ley 39/2015 obliga a relacionarse electrónicamente, entre otros, a las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan actividad profesional con colegiación obligatoria, sus representantes y los empleados públicos.
30. Una persona física no obligada a relacionarse electrónicamente desea cambiar del papel al canal electrónico durante la tramitación. Según el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, dicha persona:
El art. 14.1 de la Ley 39/2015 permite a las personas físicas elegir en todo momento si se comunican por medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas, pudiendo modificar el medio elegido en cualquier momento.
31. Una notificación fija un plazo expresado en horas para realizar un trámite. Conforme al artículo 30.1 de la Ley 39/2015, esas horas se entienden:
El art. 30.1 de la Ley 39/2015 dispone que los plazos por horas se entienden por horas hábiles, siendo hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
32. Según el artículo 30.1 de la Ley 39/2015, los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a:
El art. 30.1 de la Ley 39/2015 establece que los plazos por horas no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
33. Conforme al artículo 30.2 de la Ley 39/2015, cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o el Derecho de la UE:
El art. 30.2 de la Ley 39/2015 establece que cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o el Derecho de la UE, se hará constar esta circunstancia en las notificaciones.
34. Según el artículo 30.3 de la Ley 39/2015, los plazos expresados en días se contarán a partir:
El art. 30.3 de la Ley 39/2015 dispone que los plazos por días se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o desde el siguiente a la estimación o desestimación por silencio.
35. Según el artículo 30.4 de la Ley 39/2015, cuando el plazo se fija en meses o años, éstos se computan a partir del día siguiente a la notificación o publicación, y el plazo concluirá:
El art. 30.4 de la Ley 39/2015 dispone que el plazo en meses o años concluye el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio en el mes o año de vencimiento.