El personal al servicio de las Administraciones Públicas se rige por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Esta norma es importante para el puesto de Conserje o subalterno porque fija su clasificación, sus derechos, sus deberes y su régimen disciplinario. Se apoya en la Constitución: el art. 23.2 CE reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y el art. 103.3 CE exige que el acceso se haga conforme a los principios de mérito y capacidad.
El art. 8 TREBEP dice que son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Se clasifican en cuatro clases: funcionarios de carrera (relación permanente, art. 9), funcionarios interinos (por necesidad y urgencia, art. 10), personal laboral (mediante contrato escrito, art. 11) y personal eventual (de confianza o asesoramiento, art. 12).
Los derechos del empleado público aparecen en el art. 14, entre ellos:
El art. 15 añade derechos que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical, negociación colectiva, huelga (con servicios mínimos), conflicto colectivo y reunión.
Frente a los derechos están los deberes y el Código de Conducta (arts. 52 a 54). El empleado público debe desempeñar sus tareas con diligencia y respetar la Constitución, actuando conforme a principios como la objetividad, la imparcialidad, la honradez y la transparencia (art. 52). Entre los principios de conducta del art. 54 destacan: tratar con atención y respeto a los ciudadanos y a los compañeros, cumplir la jornada y el horario, obedecer las órdenes de los superiores (salvo que sean una infracción manifiesta del ordenamiento) y administrar los bienes públicos con austeridad.
El régimen disciplinario se regula en los arts. 93 a 98. Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves (art. 95). Son faltas muy graves, por ejemplo, el abandono del servicio, la discriminación, el acoso laboral o la desobediencia abierta a un superior. Las sanciones del art. 96 van desde la separación del servicio (solo por faltas muy graves) y la suspensión de funciones (máximo seis años), hasta el traslado forzoso, el demérito y el apercibimiento. La prescripción de las faltas (art. 97) es de tres años las muy graves, dos años las graves y seis meses las leves.
Por último, en materia de jornada y permisos, el art. 50 reconoce veintidós días hábiles de vacaciones al año, y el art. 48 regula los permisos, como los seis días de asuntos particulares o los días por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar.
1. Según la Ley 39/2015, ¿cuáles son las fases del procedimiento administrativo común?
Las fases del procedimiento son iniciación, ordenación, instrucción y finalización; la ordenación e instrucción se desarrollan de forma simultánea bajo el principio de impulso de oficio (Ley 39/2015, Título IV, Capítulos II a V).
2. Conforme al artículo 54 de la Ley 39/2015, los procedimientos administrativos podrán iniciarse:
El artículo 54 de la Ley 39/2015 establece que los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
3. Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes pone fin al procedimiento administrativo?
El artículo 84 de la Ley 39/2015 establece que ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud y la declaración de caducidad, así como la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
4. Con carácter general, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ¿qué efecto produce el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa?
Según el art. 24.1 de la Ley 39/2015, el vencimiento del plazo máximo sin notificarse resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo (positivo), salvo cuando una norma con rango de ley o de Derecho de la UE establezca lo contrario.
5. Cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen plazo máximo para resolver, ¿cuál será dicho plazo?
El art. 21.3 de la Ley 39/2015 dispone que cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, este será de tres meses.
6. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla, ¿en qué procedimientos?
El art. 21.1 de la Ley 39/2015 establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
7. Según el art. 25 de la Ley 40/2015, ¿cuándo se ejercerá la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas?
El art. 25.1 de la Ley 40/2015 establece que la potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, principio de legalidad.
8. Si las leyes no fijan plazos, ¿en cuánto tiempo prescriben las infracciones muy graves según el art. 30 de la Ley 40/2015?
El art. 30.1 de la Ley 40/2015 establece que, si las leyes no fijan plazos, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
9. Según el art. 112 de la Ley 39/2015, contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados, ¿qué recursos administrativos pueden interponer los interesados?
El art. 112.1 de la Ley 39/2015 prevé los recursos de alzada y potestativo de reposición contra las resoluciones y actos de trámite cualificados.
10. Conforme al art. 121 de la Ley 39/2015, el recurso de alzada se interpone contra resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa ante:
El art. 121.1 de la Ley 39/2015 establece que el recurso de alzada se interpone ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto.
11. Conforme al art. 122.2 de la Ley 39/2015, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de:
El art. 122.2 de la Ley 39/2015 fija en tres meses el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada.
12. Conforme al art. 123 de la Ley 39/2015, los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante:
El art. 123.1 de la Ley 39/2015 establece que el recurso potestativo de reposición se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto que pone fin a la vía administrativa.
13. Según los arts. 113 y 125 de la Ley 39/2015, el recurso extraordinario de revisión procede contra:
Los arts. 113 y 125.1 de la Ley 39/2015 establecen que el recurso extraordinario de revisión procede contra actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias tasadas del art. 125.1.
14. Según el artículo 55 de la Ley 39/2015, el período de información o actuaciones previas tiene como fin:
El artículo 55 de la Ley 39/2015 permite abrir, con anterioridad al inicio, un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
15. Conforme al artículo 57 de la Ley 39/2015, el acuerdo de acumulación de procedimientos:
El artículo 57 de la Ley 39/2015 dispone que el acuerdo de acumulación no será susceptible de recurso. Procede cuando los procedimientos guarden identidad sustancial o íntima conexión y sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver.
16. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, los procedimientos se inician de oficio por acuerdo del órgano competente por alguna de estas vías, EXCEPTO:
El artículo 58 de la Ley 39/2015 enumera la propia iniciativa, la orden superior, la petición razonada de otros órganos y la denuncia. La solicitud del interesado es una forma de iniciación distinta (a instancia de parte), no de oficio.
17. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 39/2015, la petición razonada es:
El artículo 61 de la Ley 39/2015 define la petición razonada como la propuesta de iniciación formulada por cualquier órgano que no tiene competencia para iniciar pero ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos.
18. Un ciudadano presenta una denuncia poniendo en conocimiento de la Administración un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio. ¿Qué efecto tiene la denuncia respecto de su condición?
El artículo 62 de la Ley 39/2015 establece que la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
19. Según el artículo 63 de la Ley 39/2015, los procedimientos de naturaleza sancionadora:
El artículo 63 de la Ley 39/2015 dispone que los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, garantizando la separación entre la fase instructora y la sancionadora.
20. Según el artículo 66 de la Ley 39/2015, cuando las pretensiones de varias personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar:
El artículo 66 de la Ley 39/2015 permite que, cuando las pretensiones de varias personas tengan contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, puedan formularse en una única solicitud.
21. Una solicitud no reúne los requisitos exigidos. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, ¿de qué plazo dispone el interesado para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos?
El artículo 68 de la Ley 39/2015 establece que se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido.
22. Conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, la declaración responsable es:
El artículo 69 de la Ley 39/2015 define la declaración responsable como el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento.
23. Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, el expediente administrativo es:
El artículo 70 de la Ley 39/2015 define el expediente administrativo como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Tendrá formato electrónico.
24. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará:
El artículo 71 de la Ley 39/2015 establece que el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos.
25. Un interesado debe cumplimentar un trámite tras serle notificado el acto. Salvo que la norma fije plazo distinto, según el artículo 73 de la Ley 39/2015 dispone de:
El artículo 73 de la Ley 39/2015 establece que los trámites que deban cumplimentar los interesados se realizarán en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo que la norma fije plazo distinto.
26. Conforme al artículo 76 de la Ley 39/2015, los interesados pueden aducir alegaciones y aportar documentos:
El artículo 76 de la Ley 39/2015 permite a los interesados, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
27. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, el instructor solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando:
El artículo 77 de la Ley 39/2015 dispone que el instructor solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
28. Conforme al artículo 80 de la Ley 39/2015, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:
El artículo 80 de la Ley 39/2015 establece que, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
29. Instruido el procedimiento, se pone de manifiesto el expediente a los interesados. Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, el plazo para alegar y presentar documentos será:
El artículo 82 de la Ley 39/2015 establece que, en el trámite de audiencia, los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
30. Según el artículo 94 de la Ley 39/2015, todo interesado podrá renunciar a sus derechos:
El artículo 94 de la Ley 39/2015 establece que todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
31. Según el artículo 109 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción:
El artículo 109 de la Ley 39/2015 permite a las Administraciones revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida ni sea contraria a la igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
32. ¿En cuál de los siguientes procedimientos el silencio administrativo tiene, por excepción, efecto desestimatorio (negativo)?
El art. 24.1 de la Ley 39/2015 establece que el silencio tendrá efecto desestimatorio, entre otros, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
33. Según el art. 24.1 de la Ley 39/2015, ¿en cuál de estos supuestos el silencio es desestimatorio?
El art. 24.1 de la Ley 39/2015 dispone que el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el art. 29 de la Constitución.
34. En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados, ¿cuál es el sentido del silencio?
El art. 24.1 de la Ley 39/2015 establece que el sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
35. La estimación por silencio administrativo tiene, a todos los efectos, ¿qué consideración?
Según el art. 24.2 de la Ley 39/2015, la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.